Infraestructura, un propósito nacional

Ha sido polémico el denominado “Programa de Gobierno” que difundió el candidato presidencial Iván Cepeda. Al margen de los temas noticiosos debe revisarse qué plantea en materia de infraestructura.

Las referencias a la infraestructura son, en general, positivas. En medio de tanto terraplanismo de algunos políticos y funcionarios gubernamentales, es al menos un avance entender lo obvio: la infraestructura (vial, portuaria, férrea, y aeroportuaria) contribuye al desarrollo del país y, por ende, impulsarla debe ser un propósito nacional.

El Programa parece entender la importancia de las obras de infraestructura, pero sigue estigmatizando a los empresarios. Veamos, por ejemplo, los asuntos portuarios.

En una parte, el Programa asegura que Tumaco puede ser “el corazón portuario del pacifico”. Y más adelante añade “Chocó, las poblaciones afro del Caribe y el Pacífico tienen inmensas posibilidades de desarrollo…portuario”. Luego, refiriéndose a Buenaventura, añade: “Queremos un desarrollo portuario y logístico que genere empleo digno”. Y, en otra parte, menciona la necesidad de la conexión de Popayán con el mar, lo cual supone un buen puerto en la costa caucana.

El problema, afortunadamente, no es la falta de entendimiento de que estos proyectos pueden contribuir al desarrollo del país; sino que no se entiende el cómo se logran los recursos para acometer estas obras y los impactos de estos proyectos.

Así, al lado de estas buenas intenciones se dice que “No queremos un puerto rico rodeado de un pueblo pobre. No queremos crecimiento sin redistribución. No queremos megaproyectos para desplazar a las comunidades”. Acá parece entenderse que los puertos por sí mismos deben cambiar por completo y dramáticamente la realidad de las poblaciones donde se ubican, como si ello no dependiera también de las entidades territoriales y la Nación. Amenazar a proyectos que ni siquiera existen con “redistribución” es aumentar la prima de riesgo que cualquier inversionista verá en ellos.

En otro pasaje, el “Programa” se refiere a las “luchas” frente a los “megaproyectos portuarios”. Y, refiriéndose a los proyectos portuarios en Urabá, asegura los habitantes exigen “que el desarrollo no arrase con la vida, con el agua ni con la naturaleza.”

No es claro por qué debemos “luchar” contra los megaproyectos portuarios. Basta con dar una mirada a nuestros países vecinos para darse cuenta de que, lejos de satanizarlos, están promoviéndolos. Dar una idea general de que los proyectos de infraestructura ponen en riesgo la vida, o el agua o la naturaleza es errado y sin sustento, y sólo contribuye a sembrar en las comunidades la idea de que estos proyectos son dañinos. En Colombia, los grandes puertos requieren licencia ambiental de la ANLA, tras estudios y participación ciudadana.

Por último, en varias partes el programa habla de “puertos populares y comunitarios” y de “economía popular”. Aunque el recurso portuario no es ilimitado, el país cuenta con diversos sitios en los cuales podría fomentarse, si ese fuese el propósito estatal, nuevas empresas conformadas por pescadores y microempresarios de cada zona. Esa puede ser una labor loable, si se hace en forma genuina y no con afán politiquero. Pero, los proyectos que necesita el país, como la tecnificación de los puertos, las ampliaciones portuarias, los dragados y obras de infraestructura oceánica requieren grandes inversiones que el Estado no puede acometer en estos momentos de estrechez financiera. Ambos propósitos no son excluyentes.

La idea de “puertos populares y comunitarios” no puede ser excusa para hacer contratos con personas cuya única credencial sea la de ser seguidores de un político. Diseñar políticas públicas para favorecer a microempresarios de una comunidad está bien, pero ello no se puede hacer acabando con el principio de selección objetiva porque, de esa manera, creamos una contratación estatal opaca en la que después nadie confiará. Esto no debería ser un refrito de la contratación con asociaciones público-populares que la Corte Constitucional declaró inexequibles (Sen C-033/26).

El próximo gobierno tendrá varios retos en materia portuaria. Es necesario definir muy pronto los instrumentos legales para fomentar que las actuales concesiones portuarias, algunas en sus años finales, inviertan más en el puerto. También definir prontamente en qué casos se realizarán procesos licitatorios y establecer señales serias de que las extensiones de plazo y las prórrogas, de quienes las soliciten, se analizarán con criterios técnicos de transparencia y eficiencia económica. Urge, entonces, candidatos serios que generen confianza en estas tareas.